El gobierno de Javier Milei ha anunciado el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTSV) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien declaró que "la corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada".
¿El fin de una era?
La DNV, históricamente encargada de la construcción y mantenimiento de las rutas del país, se ve envuelta en la polémica por la llamada Causa Vialidad. Adorni recordó que dicha causa involucró 51 contratos de obra pública con sobreprecios para el contratista Lázaro Báez, así como otras irregularidades.
La causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial. Se han señalado preocupaciones sobre la falta de imparcialidad judicial, acusaciones de lawfare, violación del principio de “non bis in idem”, ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández, desigualdad en el tratamiento de la prueba, celeridad inusual del proceso, desproporcionalidad de las penas impuestas y exposición mediática parcial y anticipada del caso.
Reestructuración del Transporte
Además del cierre de la DNV, la CNTSV se transformará en la Agencia de Controles y Servicios Públicos del Transporte, enfocándose en la fiscalización de concesiones viales. El gobierno planea licitar 9.120 kilómetros de rutas que, según Adorni, se encuentran en estado de degradación debido a décadas de "despilfarro y corrupción".
El INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) también sufrirá cambios, pasando a depender de la Secretaría de Industria y Comercio y reduciendo su estructura. La ANSV, creada hace 15 años, será disuelta, y sus funciones serán asumidas por Gendarmería Nacional.
Estas medidas, según el gobierno, buscan optimizar recursos, combatir la corrupción y mejorar la eficiencia en la gestión de la infraestructura vial y la seguridad del transporte en Argentina.