La Unión Tranviarios Automotor (UTA) lanzó un ultimátum a las empresas de transporte en el interior del país, exigiendo el pago de salarios con aumentos paritarios para el 11 de febrero de 2026. Este anuncio marca un punto crucial en las negociaciones fallidas entre el sindicato y las empresas, generando preocupación en múltiples regiones. El sindicato insiste en que los aumentos deben ser homologados a los que ya aplican en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde los choferes ya disfrutan de un sistema de salarios más estructurado.
El contexto de la situación es especialmente delicado en provincias como Córdoba, Santa Fe y Mendoza, donde el transporte público enfrenta una disminución en los recursos disponibles para mantener operaciones. La UTA ha señalado que el paro podría afectar a más de 1.200 municipios, lo que implica un impacto significativo en la conectividad de millones de personas que dependen de estos servicios diarios. Estos sectores, que en muchos casos son clave para el movimiento laboral y comercial, están en una situación crítica.
En Rosario, la situación ha sido relativamente calma debido a un acuerdo previo con el municipio, pero en otras zonas, la falta de avances en la negociación ha llevado a la UTA a tomar medidas extremas. Según fuentes en el interior del país, el paro podría generar un colapso en la oferta de transporte público, afectando a miles de trabajadores y ciudadanos que recurren a estos servicios para sus desplazamientos diarios.
El sindicato ha argumentado que la falta de pago de salarios con aumentos paritarios ha llevado a una situación crítica en el sector. Los choferes en zonas rurales y regionales, que a menudo no tienen acceso a servicios de transporte alternativos, están en una situación de vulnerabilidad. Este tipo de medidas, aunque bien intencionadas, podría resultar en una mayor desmovilización de la población en zonas rurales, donde el transporte público es fundamental para el desarrollo económico.
La UTA ha destacado que el anuncio del paro no es un acto de hostilidad, sino una exigencia justa para garantizar que los trabajadores reciban lo que han merecido. Sin embargo, el impacto en la población podría ser profundo, especialmente en áreas donde el transporte público es el único medio de transporte disponible. El gobierno nacional ha respondido con una medida de conciliación obligatoria, pero el tiempo es escaso para resolver el conflicto.
Los afectados serán principalmente los municipios que no han logrado acuerdos similares a los de AMBA. En regiones como el Chaco, la Patagonia y el norte de la provincia de Buenos Aires, el transporte público podría verse severamente afectado, generando un aumento en el tiempo de desplazamiento para miles de personas. Este fenómeno no solo afecta a los trabajadores, sino también a las economías locales que dependen de un sistema de transporte público funcional.
El tema de los aumentos paritarios ha sido un punto de tensión histórica en el sector. Los choferes en zonas rurales y regionales suelen enfrentar dificultades en